*  El presente trabajo está integrado por extractos del contenido de un libro en el que trabajan las autoras y fue presentado en el II Congreso de Invecom celebrado de Porlamar, en abril, 2009. 

Recibido: 25-11-2009  ·  Aceptado: 14-05-2010 

INTRODUCCIÓN 

Este estudio examina las relaciones entre política, poder, comunicación y cultura, espacios interactivos donde no sólo se entretejen los intercambios ciudadanos en una democracia republicana, sino que constituyen la trama en la se que pueden superar los obstáculos al desarrollo soberano de esos intercambios, como expresión devenida de las prácticas más auténticas de nuestros pueblos. Tales prácticas constituyen evidencia de nuestra diversidad cultural. 

Se señala cómo, desde la academia, toca a la conciencia crítica aunada al trabajo intelectual comprometido, primero, exponer los mecanismos ocultos de control simbólico; segundo, mostrar los intereses velados y las luchas de poder por ese control simbólico y tercero, contribuir al rescate de una política hecha por y para los ciudadanos. En ese sentido, se plantea la necesidad no sólo de desarrollar enfoques propios que debatan los problemas sociales y contribuyan a su solución (ésta es una tarea hasta ahora evadida por parte de los intelectuales vinculados a las universidades), sino de que los ciudadanos mismos compoliticen la vida social, esto es, que los ciudadanos, mediante la participación, la educación política y el conocimiento de sí mismos como cuerpo social, con su historia y sus valores, tomen conciencia del poder individual y colectivo que pueden desarrollar y aplicar en todos los ámbitos de las relaciones sociales. 

LA UNIVERSIDAD Y LOS CIUDADANOS 

Los ciudadanos necesitan los conocimientos producidos por las universidades en el ámbito social y cultural. A su vez, las universidades deben reconocer los espacios donde se ejerce la ciudadanía para sustentar sus investigaciones; pero la academia como institución ha perdido contacto con la realidad y está de espaldas a las necesidades de los ciudadanos al no construir puentes para lograr la comunicación a la que aquí hacemos referencia. Estamos en deuda con la discusión no sólo del papel de la comunicación en la democracia, sino el papel que en la democracia tienen la equidad, la justicia, el derecho a la diferencia, la calidad de la democracia misma y otros temas relacionados con éstos. Es necesario aceptar que la academia en general está a la zaga de los cambios sociales surgidos de las raíces populares. Hace tiempo la universidad no está interesada en nutrirse de los saberes populares con el grado en el que debiera y tampoco contribuye a construir el discurso político. Lo que se denomina discurso político en el ámbito universitario –al menos ése es el caso en la mayoría de las casas de estudios venezolanas– se reduce a polémicas por luchas y repartos de poder entre facciones. 

Hay, si, pequeñas islas dentro del ámbito universitario en las que habitan investigadores comprometidos con proyectos por una sociedad más justa, a contrapelo de las políticas universitarias legitimadoras en la teoría y en la praxis del proyecto neoliberal sustentador de la globalización. 

A propósito de la utilidad de la ciencia en los regímenes democráticos, Edgar Morin¹, habla de una “democracia cognitiva”, bajo los principios de que los conocimientos científicos deben difundirse entre los ciudadanos, pues la ciudadanía requiere de ellos para esclarecer sus decisiones ético-políticas y ejercer con plenitud sus derechos. Por otra parte, como señala Maffesoli, debemos considerar que la política tiene un papel decisivo en la gestación gradual de una transformación del pensamiento al servicio de un ideal de sociedad a futuro². 

UN MODELO DE COMUNICACIÓN ESPURIO QUE APLANA A LA CIUDADANÍA 

Si nos conformáramos con aceptar la tesis de que la información difundida de acuerdo con el modelo de comunicación imperante (que no es tal, porque la comunicación es, por definición, biunívoca, recíproca) estaríamos justificando el status quo reinante en Venezuela a finales del siglo XX. Ese modelo fue concebido para servir a los intereses de la concepción liberal de la democracia la cual reproduce una visión universal de los derechos pero ignora los fenómenos de exclusión política, social y cultural de vastos sectores de la población a quienes estructuralmente se les niega el goce de los derechos de la ciudadanía republicana. Nosotros abogamos por un modelo de comunicación auténtico, en el cual el receptor tenga oportunidad real de convertirse en emisor. Si bien el acceso a las tecnologías de la información dan la ilusión de que los receptores puedan actuar como emisores, lo cierto es que es relativamente muy pequeño el porcentaje de quienes pueden convertirse en emisores y ser escuchados. Es pertinente analizar lo que Wolton⁵ plantea en relación a este problema que el fin de las distancias físicas pone de manifiesto la amplitud de las distancias culturales. Las tecnologías han facilitado enviar mensajes de una punta del mundo a la otra, pero al mismo tiempo, la recepción es cada vez más problemática debido a las omnipresentes diferencias culturales, sociales, políticas o religiosas. 

Se justifica entonces analizar las posibilidades de ejercicio de la relación entre la política y la comunicación que abre a los venezolanos el espíritu de la nueva legislación comunicacional, esbozada en el texto de la Constitución venezolana de 1999, y expresada en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en la Ley de Consejos Comunales y en otras leyes, mediante la previsión del ejercicio de la participación y de la contraloría social. 

Desde una perspectiva conceptual vemos que quienes decretaron el fin de la historia coincidieron con el desvanecimiento de las teorías de la segunda mitad del siglo pasado generadas por investigadores latinoamericanos vinculados a la CEPAL y a la Escuela Latinoamericana del Desarrollo (ELD). Estos últimos explicaban cómo el subdesarrollo y la dependencia característicos de las sociedades periféricas son la otra cara de la moneda con que se financian el desarrollo y el progreso del Norte definido como centro. Dicho de otro modo, como señala Jutta Schmitt, ‘desarrollo’ y ‘subdesarrollo’ son las dos caras del modo de producción capitalista establecido a escala global a través del mercado mundial⁶. 

La institución de la ciudadanía universal en la jurisdicción de cada estado nacional aparece en la mayoría de las constituciones de los países latinoamericanos como una solemne declaración de principios. Hay otras dos visiones de la ciudadanía universal. La primera, globalizadora⁷ promovida por un sector vinculado a la investigación social dentro y fuera de la academia. Tal como lo apunta Fariñas Dulce, esa visión se ha impuesto no obstante ser una ficción jurídica y la cual, en la práctica, genera también exclusión aunque con la pretensión de borrar la diversidad y las diferencias entre sociedades y al interior de las mismas⁸. 

Ese mismo sector es el que propugna el modelo de democracia representativa sustentado en la ideología liberal de la modernidad tardía latinoamericana. La experiencia señala que en ese modelo, en el espacio público donde se ejerce el poder, los potenciales ciudadanos constituyen una claque que aprueba, una audiencia amorfa, homogeneizada aunque dispersa a la cual se entretiene y atiborra de chatarra simbólica. Como sostén del modelo, los medios de comunicación cumplen una función despolitizadora, corroedora de las conciencias y creadora de masas de consumidores acríticos. 

En la generalidad de las democracias representativas el ciudadano lo es sólo de nombre. En una realidad de rampante chatura política es un consumidor a quien se le venden candidatos a puestos públicos con las mismas estrategias con que se mercadean bienes tangibles e intangibles. Esto implica que el ciudadano, habiendo perdido la palabra, percibe la política como un territorio ajeno sobre el que no puede aspirar ninguna titularidad. Su soberanía es un simple simulacro al que se apela sólo en el momento de depositar el voto para legitimar aquéllos a quienes designan o apoyan los poderes económicos imperantes. 

Otra visión de la ciudadanía universal es la propugnada por la Asamblea de movimientos sociales, reunida durante el II Foro Social Mundial de las Migraciones, en Rivas Vaciamadrid (España, del 22 al 24 de junio de 2006). Para esos movimientos sociales la ciudadanía universal implica que “los derechos humanos estén garantizados en todas las sociedades, más allá de la situación administrativa de las personas y en todas las etapas de los procesos migratorios –origen, tránsito, destino y retorno–”. En otras palabras, reclaman que así como son libres y garantizados por el sistema internacional los flujos financieros, lo sean los movimientos migratorios. Sólo entonces pudiera hablarse de ciudadanos universales, o mejor, ciudadanos de la tierra. 

¿QUÉ IMPLICA LA RELACIÓN ENTRE POLÍTICA , COMUNICACIÓN  Y DEMOCRACIA? 

Existe un objetivo común plenamente identificado: defender por cualquier medio un modelo de democracia alejado del compromiso ético, social y político con las demandas de una mayoría de la población empobrecida y silenciada; victima histórica del despojo de sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación, en suma el derecho a la vida buena que ha sido confiscado sobre la base de la apropiación, por una élite, de la riqueza socialmente generada. Ese despojo histórico ha condenado a las mayorías a la exclusión económica, política, social y cultural e impedido su constitución en ciudadanos plenos. 

De allí que afirmemos que el siglo XX latinoamericano se caracterizó por los regímenes democráticos sin ciudadanos o “ciudadanos de mentira”. Porque el ciudadano no se hace sólo mediante el ejercicio del voto legitimador de políticas y de funcionarios apadrinados por los poderes instituidos. En ese modelo de seudo-democracia, como lo plantea Barber⁹, los políticos de oficio, testaferros de los poderes hegemónicos, le hacen la política a los ciudadanos o la hacen por ellos, en una parodia de soberanía popular y de ejercicio político apócrifo o, en el mejor de los casos, absolutamente insuficiente. 

Esto no significa que en la historia de nuestras repúblicas el ciudadano haya sido indiferente a la política. La suya ha sido una política de rebelión que, mucho exterminio, mucha represión, mucho exilio, mucho despojo, mucha sangre ha costado a los pueblos de América, desde el mismo momento en que los conquistadores, a finales del siglo XV, invadieron lo que denominaron Nuevo Mundo y sometieron –mediante cuasi-exterminación– a los habitantes originarios. 

En la democracia fuerte¹⁰ el ciudadano no es un sujeto pasivo, es un sujeto activo que protagoniza el juego de la política. 

La cultura europea y norteamericana de la ciudadanía provee un grado de seguridad social y económica, por lo menos en ciertos aspectos, para muchos de los que se ajusten a sus requisitos. El discurso político de esa cultura sobre los fines últimos de la ciudadanía, apunta Hindness, promete a los más pobres del mundo que, si solamente se quedaran en casa y aprendieran a comportarse, ellos también podrían ser ciudadanos como “nosotros” (como ellos)¹¹. Esta visión complementa las teorías económicas del crecimiento del ingreso en las economías nacionales según las cuales en la medida que aumente el ingreso automáticamente goteará el bienestar para todos. 

El meollo del asunto no es el crecimiento del ingreso sino su distribución. La falacia de esta teoría del crecimiento se demuestra mediante el análisis de la llamada curva de Lorenz que expresa los grados de desigualdad en la distribución del ingreso promedio entre los países. Así, el 40% de de la población mundial vive en países cuyos ingresos representan el 55% del ingreso mundial total. Pero la curva de Lorenz indica solamente el grado de desigualdad de los ingresos promedio entre los países, pero no revela la desigualdad dentro de los países, que en los suramericanos es mayor que la de los asiáticos y los africanos. El índice Gini mide, a partir de la curva de Lorenz, la desigualdad de la distribución del ingreso y representa esa desigualdad en una escala de 0 a 100, en la cual 0 indica ausencia de desigualdad y, a medida que se acerca a 

100 indica incremento de la desigualdad. Esto es, en la medida que aumenta significa que los ricos son más ricos y los pobres, más pobres. En los países suramericanos el índice de Gini alcanza el promedio de 56,91 mientras en los países asiáticos es de 38,16 y en los africanos, 43,1. Somos, en suma, los suramericanos los más desiguales del planeta. 

Un tema de permanente debate en la región es el derecho a la información, y nos preguntamos: ¿No pasa el goce y garantía de este derecho por el pleno reconocimiento del libre ejercicio de la ciudadanía? ¿Cómo se puede ejercer la ciudadanía cuando pesan sobre grandes mayorías sociales siglos de exclusión, de avasallamiento y de desprecio a su subjetividad? ¿No es el respeto a la persona y su pertenencia a una etnia, género o clase el principio básico para hablar de derechos? 

Los acontecimientos en Bolivia generados por grupos de oposición que adversan las políticas de transformación aplicadas bajo el gobierno del presidente Evo Morales no son más que una demostración del resurgimiento de la barbarie, signos de profundas desigualdades sociales y económicas nunca reconocidas por regímenes dictatoriales o democracias representativas secuestradas por los poderes dominantes internos y externos; a esto se agregan las distorsiones comunes en la conformación de los Estados-Nación latinoamericanos. 

Esta reflexión es necesaria para ratificar que las oportunidades de desarrollo de la democracia –que pasa por transformaciones profundas en sus estructuras políticas, sociales y económicas– dependen hoy más que nunca del pleno ejercicio de todos los derechos ciudadanos. Un proyecto de democracia comprometido con la igualdad y la libertad (en términos de una teoría radical) debe atender las demandas ciudadanas, entre ellas, las oportunidades de recibir y producir la información. Sólo así se puede entender el vínculo comunicación-democracia que nos convoca al diálogo, al reconocimiento de los derechos del otro, a la diversidad cultural, a la diferencia en los distintos campos donde la subjetividad crea urgentes espacios de expresión. 

En este contexto se comprende que las contradicciones y antagonismos políticos en nuestro país (y que son compartidos con los países de la región) tienen un origen: la lucha por la detentación del poder, que se devela en dos visiones de la democracia, en la concepción del Estado y en la calidad de la respuesta a una demanda social históricamente reprimida. La exposición del debate político tiene como escenario privilegiado los medios de comunicación. A esto se debe la profusa pugnacidad, la ausencia de equilibrio informativo y la escasa argumentación que caracteriza hoy al lenguaje periodístico en los medios de comunicación privados y públicos en Venezuela, fenómeno que ha sido definido por distintos actores como “guerra mediática”. 

No es el objeto de este trabajo calificar la validez de una u otra posición en conflicto, pero si señalar que el producto mediático que surge de la confrontación, en nada contribuye a esclarecer cómo debemos entender el derecho a la información de los ciudadanos. 

EL CIUDADANO Y EL CONTROL POLÍTICO 

Vista la pérdida de importancia progresiva que, de manera generalizada, ha tenido la política en la vida del ciudadano común, se ha hecho imperativo abandonar la actitud antipolítica. Y eso, precisamente es lo que han estado haciendo los venezolanos a partir de 1998, bien sea que se adscriban al proyecto del Socialismo del siglo XXI o que se le opongan. Para la calidad de la democracia este proceso es saludable porque los ciudadanos están entendiendo la necesidad de hacer suyo el control de la política. La ciudadanía republicana, dice Urcuyo Fournier¹², tiene variados componentes, entre ellos nombra la nacionalidad; el ciudadano es titular de una parcela de la soberanía y sólo los nacionales son ciudadanos, pues sólo ellos pueden ejercer los derechos políticos a plenitud. De tal manera, el ciudadano se define ante todo por oposición al extranjero en tanto que la ciudadanía aparece como un subsistema de la nacionalidad. En ese sentido, agrega el autor, la ciudadanía no se enfoca exclusivamente como núcleo de derechos (civiles, políticos y sociales), como participación en la vida pública o como conjunto de deberes propios del integrante de una comunidad política, sino que lleva adscrito ese componente social que significa compartir una misma historia o una misma cultura. En suma, el republicanismo considera al ciudadano como un participante activo en la dirección de la sociedad mediante el debate y las decisiones públicas¹³. 

Adoptemos las virtudes que atribuye Salazar al sujeto insumiso para definir al ciudadano como referente modélico de la sociedad utópica a la que apuntamos 

Para que se constituya el sujeto insumiso debemos incorporar la conciencia de libertad, la voluntad emancipadora, la vocación autonómica, el sentido de la vida en un momento histórico y su necesaria vocación social; esto es, la superación consciente de una vida sin sentido, la obligación de actuar permanentemente de manera insumisa y sin los prejuicios ideológicos de que sus actos y acciones son desalienantes, expulsores de angustia y miedos, sensible ante la injusticia y resolutivo para actuar en situaciones riesgo. Estas virtudes o atributos los acumulan en la medida que piensa y se siente libre de la enajenación, abraza la inteligencia como el mejor recurso para vivir y sobrevivir y trabaja para reproducir la sociedad¹⁴. 

Esta definición declara abiertamente las características o cualidades que debe reunir el tipo de ciudadano del que hablamos y que aspiramos se constituya en protagonista del proyecto de sociedad objeto de la constitución venezolana de 1999 y de las políticas y normativas comunicacionales, educacionales, culturales y de organización comunitaria de ella derivadas. 

El camino para empezar a construir el nuevo marco ideológico e institucional lo vemos esbozado en la Constitución Venezolana de 1999. Como parte de la asunción de su protagonismo, el pueblo soberano, sobre la base de los postulados de la Constitución, debe exigir a sus universidades que se pongan a la altura de las demandas sociales, que creen nuevas explicaciones teóricas e inventen soluciones para resolver los problemas. Ésta es una empresa colectiva en la cual a mayor nivel de educación y experticia, mayor es el peso del compromiso ético con la sociedad pues no se puede desvincular el trabajo intelectual de la reflexión ética y política¹⁵. 

PAPEL DE LA COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD 

No es posible imaginar una sociedad humana sin comunicación. Si partimos de la afirmación de Wolton¹⁶ “que no hay una teoría de la comunicación sin una teoría implícita, o explícita de la sociedad”, es posible explicar cómo se produce la intervención de la comunicación en la democracia. Sólo entendiendo la necesidad del debate cotidiano que exige la vida ciudadana es que podemos, todos quienes aspiramos a consolidar un nuevo proyecto democrático, prepararnos y mejorar nuestra habilidad para expresar nuestro pensamiento y defender los ideales a los cuales nos adherimos. Pero eso sólo es posible a través de la educación, de debatir con quienes entramos en contacto, de escuchar sus ideas, de exponer las nuestras, de descubrir nuestras coincidencias y analizar las diferencias. Generalmente de ese intercambio se llega a la conclusión de que son más las cosas que tenemos en común que las que nos separan del otro. Wolton¹⁷ nos habla de la convivencia que también quiere decir reconocimiento del otro, por lo tanto, el advenimiento de la convivencia como horizonte de la comunicación es inseparable de la democracia. 

Si la comunicación y la política se entretejen, actualmente se hace difícil circunscribir con claridad el ámbito de lo político, porque la política ha impregnado todos los problemas de la sociedad y se ha dejado impregnar de ellos, al margen del grado de participación de los ciudadanos. Nos explica Morin que, paradójicamente, la política se ha hecho vacía y fragmentaria en parte por el hecho de que “existe una normatividad de lo político en lo que se refiere a los medios de comunicación y sobre todo, a la televisión”¹⁸. 

De allí la necesidad de crear las condiciones para que se puedan recomponer procesos de mediación ajenos a los medios de comunicación; o reestablecer la competencia entre los medios y otras vías de comunicación de la palabra política, con lo cual sin duda, la democracia ganaría, advierte Philippe Breton¹⁹. 

En el trípode de la democracia, la comunicación y la política que se enraíza en el contexto cultural, la comunicación juega un papel de intermediaria. Pero los medios de comunicación en el mundo político de hoy más que intermediarios, se han convertido en actores políticos con pretensiones protagónicas, como hemos visto lo han hecho en Venezuela durante los últimos años. 

Un aspecto importantísimo a considerar es, como dice Gramsci²⁰, que todos los hombres son seres políticos, entonces todo individuo es un legislador en el sentido amplio del término porque establece normas de vida y de conducta y con ello contribuye a modificar el entorno social en el que se desenvuelve. Si cada uno es legislador en el más amplio sentido del concepto, continúa siendo legislador aún si acepta directivas de otros; si, cumpliéndolas, se asegura de que otros también las cumplan; si, habiendo entendido su espíritu, las propaga como reglas o normas específicamente aplicables a ámbitos limitados o definidos de la vida. 

En una democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como la definió Abraham Lincoln el 19 de noviembre de 1863, el protagonismo es de los ciudadanos y son ellos quienes tienen y otorgan la palabra. Las constituciones democráticas se fundamentan en la soberanía popular, pero en los regímenes representativos esa soberanía es secuestrada o, en el mejor de los casos, mediada por la representación. La Constitución venezolana de 1999 fue concebida para reconocernos como una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. Mientras la constitución de 1961, en su Artículo 4 determinaba que: “la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce, mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público”, la Constitución de 1999, en su Artículo 5, reza: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Ejemplo de las instancias en la que el pueblo puede ejercer directamente esa soberanía y hacer efectivo el control social, están contenidas en la constitución misma y en varios de los textos legales que hemos mencionado. 

Siempre encontramos que la comunicación es la argamasa que puede servir a dos propósitos antagónicos en los procesos sociales: como instrumento para el sometimiento del ciudadano mediante la seducción que se proponen los productos simbólicos de las clases dominantes por vía de la industria cultural para “entretenerlo” y despolitizarlo, o como instrumento de liberación y empoderamiento para rescatar la política como ejercicio cotidiano en todos los ámbitos de la vida social. 

EL CIUDADANO VS EL CONSUMIDOR 

Por otra parte, como sugiere Lechner, la globalización de las comunicaciones desterritorializa el universo simbólico, poniendo en entredicho los sentimientos de pertenencia y arraigo. No hay otro tiempo que el presente, un presente continuo con el que se pretende convencernos de la inutilidad, primero, del análisis crítico del pasado tal como lo propone el materialismo histórico, y segundo de pensar en la posibilidad de inventar y ensayar nuevas formas de relación social. En otras palabras, que no hay tiempo para procesos de aprendizaje y maduración. La misma política niega la necesidad de pensar horizontes de futuro compartido²³. Una vez más, la historia demuestra que el conocimiento –en este caso, de la comunicación– sigue siendo el mejor aliado para una comprensión del mundo, asevera Dominique Wolton²⁴. 

Compartimos con Ramonet la idea de que comprender cabalmente la comunicación dentro de la globalización es cada vez más difícil intelectual y prácticamente porque para cualquiera de nosotros se hace espinoso establecer distinciones netas entre las esferas del mundo de los media, del mundo de la comunicación, el mundo de la cultura de masas y del mundo de la publicidad. Cada día existen menos fronteras entre esos tres sectores²⁵. Lo que antes se consideraban bienes culturales hoy se mercantilizan y la publicidad canibaliza los productos artísticos. 

La información transmitida a través de la prensa, la radio, la televisión, la propaganda política y en general todos los productos de la denominada cultura de masas se han convertido en mercancías. Es en Internet, que puede transmitir simultáneamente imágenes, sonidos y datos, donde se funden los contenidos de las tres esferas. 

Señala Ramonet que el primer poder es el económico y financiero y el segundo es el mediático y que el sistema mediático es “el aparato ideológico de la globalización”. En cuanto a la información, tan necesaria al ciudadano para comunicarse y para comprender el mundo, dice: “(…) hoy la información está considerada esencialmente como una mercancía. De ahí que la información no funcione en función de las reglas de la información, que haría de la verdad, por ejemplo, la referencia suprema, sino en función de las exigencias del comercio, que hacen del provecho, o el beneficio, el imperativo supremo”²⁶ 

Sobre el papel de los medios como potenciales facilitadores de la formación y participación ciudadanas, examinemos lo que nos dicen Ramonet y Victoria Camps. Dice también Ramonet: 

Cuando reflexionamos acerca de la importancia de la información en una sociedad con vocación de formar conciencia ciudadana, de construir un sentimiento cívico, de cohesión social o nacional, evidentemente hay una inmensa distancia entre ese proyecto que podemos atribuirle teóricamente a la información y la práctica cotidiana de lo que podemos constatar en la mayoría de nuestros países de esta práctica periodística (…). Cada vez hay más ciudadanos que consideran que el sistema mediático dominante, por sus propios errores, por la multiplicación de sus mentiras y exageraciones, por su falta de rigor está acreditando una contra información que puede ser más peligrosa que la información dominante, (y esto) pone en peligro el carácter de la democracia²⁷. 

Por su parte, dice Victoria Camps: “Aunque la sociedad sea cada vez más mediática, la superficialidad con la que se tratan numerosas informaciones no está contribuyendo a que se produzca una mayor participación ciudadana”²⁸. En cuanto al rol de los medios como formadores de opinión, añade Camps: 

Son creadores de opinión, qué duda cabe, pero de una opinión muy superficial desde la que no es posible profundizar, porque, además, la noticia, por definición, se acaba pronto. Un tema de debate no puede durar más de una semana en un medio, y una semana ya es mucho, enseguida languidece, parece que pierde interés y hay que empezar con otra cosa. Y hay temas que son complicados. Pensar que los medios, simplemente por la facilidad de acceder a ellos, pueden facilitar una participación general es bastante ingenuo²⁹. 

La autora se refiere específicamente a los medios españoles, pero la afirmación es válida para cualquiera de las sociedades actuales. 

La participación ciudadana universal en la glocalización constituye un oximorón³¹, y su propósito es borrar los límites entre los amos de la tecnología y los usuarios, entre quienes tienen acceso a la tecnología y la mayoría de la población mundial excluida de su uso. La noción de glocalización se ajusta al concepto de consumidor y no al de ciudadano, y es, por tanto, un constructo ideológico engañoso, tanto como el de aldea global y el de ciudadano del mundo. En ese sentido, señala Marí Sáez que el uso de Internet como instrumento de participación es un mito porque “la desigualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías de la información condiciona de entrada las posibilidades de participación”³². Los porcentajes de uso de Internet contenidos en el informe anual 2001 del PNUD ilustran la brecha que existe entre regiones del mundo en el acceso y uso de la Internet:

Fuente: Reporte 2001 del PNUD³³ 

Consideremos que la mitad de la población mundial nunca ha utilizado un teléfono. La falta de una infraestructura mínima de telecomunicaciones hace imposible el acceso a Internet y desmorona el mito de la participación ciudadana mediante el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

En resumen, para la inmensa mayoría de los habitantes del mundo –más del 90%– no es posible acceder a Internet. Esta desigualdad en el acceso tecnológico es un reflejo especular de la desigualdad económica entre Norte y Sur. Los 225 individuos más ricos del mundo tienen una riqueza equivalente a los ingresos del 47% de la población más pobre del mundo³⁴. 

En el uso de Internet como vehículo de participación, la desigualdad no es casual. Se ha podido comprobar que para las fuerzas del orden y para las elites económicas y políticas de la globalización neoliberal la participación de la ciudadanía en los temas de interés social tiene un límite: el de sus propios intereses. Esa comprobación se ha manifestado en el hecho de que la utilización de las tecnologías de la información por parte del movimiento antiglobalización está siendo perseguida casi desde los orígenes de Internet³⁵. Aún si se lograra reducir esa desigualdad, las tecnologías nunca contribuirán al reconocimiento y respeto mutuos tanto individualmente como de comunidades enteras porque el mercado tarifa las opiniones de acuerdo a la clase social, etnia, género y hasta orientación sexual. 

Un interesante debate se plantea frente a la siguiente afirmación de Santos: 

No hay propiamente una globalización, sino diferentes modos de producción de globalización. Así como los medios tecnológicos de información digitalizada y del espacio electrónico es utilizado por la extrema derecha de todos los países, y principalmente en los Estados Unidos, del mismo modo también lo usan los grupos contrahegemónicos (movimientos obreros, grupos ecológicos, asociaciones de pueblos indígenas, movimientos feministas)³⁶. 

Es cierto que los grupos contrahegemónicos utilizan la tecnología electrónica para adelantar sus proyectos, pero es necesario tener presente que lo que se ha llamado la sociedad del conocimiento “es un concepto ideológico, en el sentido que su verdadero significado no es el que está dado por el uso cotidiano, sino que representa una cosmovisión que parte del supuesto de que en el mundo existe o está en proceso de conformación, una cultura universal organizada sobre los valores triunfantes del conservadurismo-liberal”³⁷. 

En cuanto a la noción de ciudadanía en el caso particular de América Latina tiene un fuerte componente local, una historia no compartida con el ejercicio ciudadano en los estados más prósperos de Occidente. Con esto nos adherimos a lo expresado por Hopenhayn³⁸, quien señala que la ausencia de garantía real de los derechos civiles y políticos, económicos y sociales provoca la exclusión simbólica y comunicativa. 

En otro texto, Hopenhayn³⁹ aboga por combatir las formas premodernas de ciudadanía que subsisten en Latinoamérica, tales como el paternalismo y la imagen del dirigente político como patrón de fundo. Señala este autor, que paralelamente, el ideario democrático latinoamericano tiene un patrimonio positivo acumulado que puede potenciar la democracia: “el aprendizaje en el conflicto” de muchos grupos sociales (mujeres, indígenas, pobladores sin tierra, movimientos contra el hambre, grupos de defensa regional y ecológica, organizaciones barriales); formas comunitarias de organización que constituyen un tejido social muy nutritivo para la vida democrática; y una valoración de la resolución no violenta de conflictos luego de la experiencia traumática de las dictaduras militares en la región. 

En el período 2001-2006 se reformaron o formularon nueve leyes que apoyan normativamente la participación ciudadana y el control social a través de las comunidades organizadas. Por la vía habilitante, se aprobaron en 2008 siete leyes más en las cuales se delegan nuevas responsabilidades a los comunidades organizadas y especialmente a los Consejos Comunales. A los Consejos Comunales y las comunidades organizadas se les determina además injerencia en las siguientes leyes: de Canalización y Mantenimiento de las Vías de Navegación, de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, y de Transporte Ferroviario Nacional. 

CONCLUSIONES 

La democracia hoy en Venezuela define su futuro declarado en la Constitución de 1999. Se reivindica la concepción de la democracia participativa con profundo arraigo social. Se construye un proyecto socio-político fundado en una concepción del socialismo del siglo XXI, que requiere profundizarse teórica y epistemológicamente. 

Es pertinente considerar el grave riesgo que se corre al sacrificar la reflexión y el pensamiento emancipador por una práctica política que, si bien es necesaria para responder a la urgencia de las demandas ciudadanas por la satisfacción de sus derechos sociales y económicos, también en muchas ocasiones sucumbe a la inmediatez, a la dádiva y a la superficialidad de una gestión que no tiene suficiente impacto en la conciencia política ciudadana y que puede servir para perpetuar la dominación instalada en el corazón de las instituciones del Estado. No se debe perder de vista el largo camino que se debe recorrer para erradicar las prácticas burocráticas que se han sembrado y florecido culturalmente. Además de un pensamiento que no por buenas intenciones y compromisos con lo que se ha llamado el “proceso revolucionario”, deja de reproducir despreciables conductas del clientelismo político y de culto a la personalidad que tanto hemos cuestionado. 

Frente a todo esto, el proceso de agresión y violencia dirigida por sectores políticos y económicos que apuestan al regreso de un cuestionado modelo de democracia representativa sigue vivo y alentado por la influencia del poder mediático. Es evidente que decadentes partidos y movimientos políticos han encontrado oxígeno en el discurso que los medios de comunicación privados han logrado imponer sin tregua desde el mismo momento en que Hugo Chávez propone su candidatura a la presidencia en 1998 y luego de ganar las elecciones con importante apoyo popular durante dos períodos, sin contar con las convocatorias al poder constituyente que la mayoría ha legitimado electoralmente. 

La vigente acción de gobierno ha sido objeto de conspiraciones organizadas en importantes coyunturas (golpe de Estado, paro petrolero, constantes llamados a la rebelión y al magnicidio) con apoyo externo y en el que han participado activamente militares, partidos políticos, líderes sindicales, empresarios, dueños de medios de comunicación, iglesia y personajes que han ocupado cargos estratégicos en el gobierno y que hoy aparecen como voceros de las diferentes fracciones que no quieren a Chávez en el poder. 

Es precisamente en este punto donde se puede validar la propuesta descrita en este trabajo al mirar la comunicación como principal fuente de producción de significados, de demandas por el reconocimiento individual y social, fuerte intento de relacionarse, de comprender y ser comprendidos. Por ello no es trivial la pretensión de reivindicar la comunicación frente a la información porque ésta última coarta el derecho que todos tenemos a “tener algo que decir y poder tomar la palabra”. Ése es el eje principal del ejercicio ciudadano en democracia. 

Después de los resultados del referendo de febrero de 2009 cuando se aprobó la enmienda constitucional que permite la reeleción de todos los funcionarios sujetos al voto popular, y ante la posibilidad de que el presidente Chávez sea reelecto al menos por otro período en 2012, se hace perentorio un cambio en la conducta por parte del gobierno y también por parte de la oposición, correspondiéndole al primero tomar la iniciativa. La conducta que hasta hoy ha demostrado la oposición pone en duda que exista un sector verdaderamente democrático con rostro visible que merezca algún esfuerzo por establecer el diálogo. Hay si individualidades que pudieran pensar diferente y respetar el juego democrático pero no son tan valientes como para hacer pública su posición. Es una disidencia democrática silente. 

Sin embargo, insistimos, primero, en la necesidad, de que el gobierno entable el diálogo con los sectores democráticos que se le oponen. Se requiere del juego limpio por ambas partes: el gobierno y la oposición. De parte de los medios privados, éstos deben recuperar su papel intermediador como difusores de información y abandonar el protagonismo político que han adoptado durante la última década. Los medios impresos y audiovisuales manipulan la información que difunde el gobierno y omiten importante información relacionada con los logros de la gestión en materia de salud, educación y economía. Por el lado del gobierno, el 13 de enero de 2009, la Asamblea Nacional se vio obligada a tomar medidas para garantizar que la cobertura periodística de las sesiones parlamentarias se manejen con la verdad, en vista de que el equipo de prensa del canal de noticias Globovisión nuevamente se dio a la tarea de exponer al escarnio público a un diputado, tergiversando la realidad. La disposición es sólo para los ca marógrafos. Los periodistas continuarán haciendo su trabajo desde el palco de prensa del Hemiciclo de Sesiones⁴¹. Frente a éste y otros episodios es un reto hablar del derecho a la información en una situación de polarización política como la vivida en Venezuela, en que ambas partes han perdido la sindéresis y desconfían visceralmente una de la otra. 

En consecuencia la oposición democrática, para ser tal, así como ha hecho suya la Constitución de 1999 que en su inicio rechazaba, debe reconocer la legitimidad del gobierno del presidente Chávez por el hecho de que es producto de la reiterada voluntad de la mayoría en diferentes procesos comiciales. En suma, como acabamos de señalar, ambas partes deben jugar limpio acatando por un lado la voluntad de la mayoría y por el otro respetando y garantizando el derecho a disentir.

Notas

1  Ver en: http://www.edgarmorin.org/Default.aspx?tabid=57.

2  MAFFESOLI, M (1997). Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo contemporáneo. Paidós, Barcelona. 

3  MÉNDEZ, AI (2007). Metodología y técnicas de investigación aplicadas a la comunicación. Ediciones del Vicerrectorado Académico, LUZ, Maracaibo. 

4  MORIN, E (1999). Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO, París, disponible en www.complejidad,org/27-7sabesp.pdf (Consultado 18/09/2006). 

5  WOLTON, D (2006). Salvemos la comunicación, Aldea Global y cultura. Una defensa de los ideales democráticos y la cohabitación mundial. Gedisa, Barcelona. 

6  SCHMITT, J (2005). “Aportes Teóricos al Debate Revolucionario por parte del Círculo Bolivariano ‘El Momoy’ de Chiguará, Estado Mérida. Disponible en http://quebec.indymedia.org/es/node.php?id=20350, consultado 28/04/05. 

7  FARIÑAS DULCE, MJ (1999). “Ciudadanía ‘universal’ versus ciudadania ‘fragmentada’”, Cuadernos electrónicos de Filosofía del Derecho, nº. 2, disponible en: http://www.uv.es/cefd/2/fariñas.html, consultado 14/10/2008 

9  BARBER, B (1984). Strong Democracy – Participatory Politics for a New Age. Berkeley, University of California Press, California. 

10  Ibídem. 

11  HINDESS, B (2003). “Los fines de la ciudadanía”, Cinta de Moebio, nº. 16. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, disponible en: http://www.moebio.uchile.cl/16/frames03.htm, consultado el 06/11/2004 

12  URCUYO FOURNIER, C (1999). “Ciudadanía”. Documentos de trabajo CIAPA, nº. 11, disponible en www.ciapa.org. 

13  Ibíd., pp. 12-13. 

14  SALAZAR PÉREZ., R (2008). “Quién es el sujeto insumiso”, disponible en: www.conceptossociales.unam.mx. 

15  MATO, D (2005). Diversidad de contextos, de prácticas intelectuales y de saberes: Reflexiones conceptuales y sobre la (modesta) experiencia intercultural de nuestro Programa en la Universidad Central de Venezuela. Ponencia presentada en el Simposio nº. 48: De la diversidad a la complejidad: Hacia una epistemología plural desde lo local. Primer Congreso Latinoamericano de Antropología, Rosario, Argentina, 11 al 15 de julio de 2005, disponible en: http://www.debate-cultural.org.ve/Ponencia%20Daniel%20Mato%20para%20%20ALAA%20-%202005%20-%20Simposio%2048.pdf, consultado el 14/11/2005.

16  WOLTON, D (2000). Internet ¿y después? Una teoría crítica de los nuevos medios de comunicación. Gedisa, Barcelona, p. 19. 

17  WOLTON, A (2006). Op. cit.

19  BRETÓN, Ph (1998). “Medios, mediación y democracia”, in: GAUTHIER, G; GOSSELIN, A & MOUCHON, (1998) (Comps.). Comunicación y Política. Gedisa, Barcelona, pp. 356-371.

20   GRAMSCI, A (1999). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers, New York, pp.

21  GARCÍA CANCLINI, N (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. Grijalbo, México.        [ Links ]

22  MATTELART, A (1995). La Invención de la Comunicación. Bosch, Barcelona.

23  LECHNER, N (1996). “La Política no es lo que fue”. Nueva Sociedad. nº. 144, Caracas, pp.104-113.

24  WOLTON, D (2000). Op. cit., p. 27. 

25  RAMONET, I (2001). “El poder mediático”, disponible en: http://alainet.org/active/show_text_pt.php3?key=1143, consultado 10/07/2008. 

26   Ibídem. 

27  RAMONET, I (2002) “Revolución digital y globalización”, disponible en: http://www.etcetera.com.mx/pag42ne20.asp, consultado 10/07/2008 

29  Ibídem. 

30  Glocalización surge de la unión de “globalización” y “localización”, y se refiere a la capacidad de Internet de “expandir el mundo social del usuario con gente distante pero al mismo tiempo fortalecer los lazos en el lugar donde vive”. Este neologismo fue propuesto por Barry Wellman, sociólogo norteamericano, director del Netlab de la Universidad de Toronto, quien se ha especializado en el estudio de redes sociales en general y de las redes sociales que se construyen vía internet. Este autor advierte sobre la exclusión social que conlleva el uso de internet por razones socioeconómicas, la imposibilidad de conexión de muchos países, el desconocimiento del inglés, y también señala las posibles consecuencias para la ciudadanía. Para conocer la producción de Wellman remitimos al sitio http://www.chass.utoronto.ca/~wellman/main.html. Para una discusión sobre la relación entre glocalización y comunicación ver el artículo de Sonia Fernández Parrat, “La glocalización de la comunicación”, disponible en: http://www.ull.es/publicaciones/latina/ambitos/7-8/arti08.htm

31  Combinación en una misma proposición de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido. Por ejemplo: un silencio atronador (Diccionario de la Real Academia Española).

32  SÁEZ, M & VÍCTOR M (2008). “El mito de la participación”, disponible en: Disponible en: http://www.gobernabilidad.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=1563, consultado 03/ 07/2008

33  Disponible en: http://www.undp.org/annualreports/2001/spanish/IAR2001s.pdf, consultado 16/09/2008. 

34  Ibídem. 

35  Ibídem.

36  SANTOS, B De S (2003). La caída del Angelus Novus. Ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política. ILSA-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

37  BIANCHETTI, RG (2004). “Educación y nuevas tecnologías de la información: ¿ingreso en el ‘primer mundo’ o versión post-moderna de colonialismo cultural?”, Historia actual online, nº. 3, pp. 17-25 Disponible en: http://www.historia-actual.com/HAO/Volumes/Volume1/Issue3/eng/v1i3c3.pdf, consultado octubre 2008. 

39  HOPENHAYN, M (2003). “La democracia me remite al rechazo visceral de la violencia”, RELEA. nº. 18. CIPOST, UCV, Caracas, pp. 205-215. 

40  En el período 2001-2006 se reformaron o formularon nueve leyes que apoyan normativamente la participación ciudadana y el control social bien a través de las comunidades organizadas. Ley Orgánica de la Controlaría General de la República y el Sistema y el Sistema Nacional de Control Fiscal (2001), Ley Contra la Corrupción (2003), Ley Orgánica de Planificación (2001), Ley Orgánica del Poder Ciudadano (2001), Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (2003), Ley de los Consejos Estadales de Coordinación de Políticas Públicas (2002), Ley de los Consejos Comunales (2006), Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2002) y Ley Orgánica de Poder Público Municipal (2005). Por la vía habilitante, se aprobaron en 2008 siete leyes más en las cuales se delegan nuevas responsabilidades a los comunidades organizadas y especialmente a los Consejos Comunales: Ley Orgánica de Administración Pública, Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos, Ley Orgánica de Turismo, Ley de Crédito para el Sector Agrario, Ley de Salud Agrícola Integral. A los Consejos Comunales y las comunidades organizadas se les determina además injerencia en las siguientes leyes: de Canalización y Mantenimiento de las Vías de Navegación, de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, y de Transporte Ferroviario Nacional. 

41  Ver la información completa en: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?17751.

42  MOUFFE, Ch (1999). El retorno de lo político. Paidós, Barcelona.

Referencias

1. GARCÍA CANCLINI, N (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. Grijalbo, México.

2.  MAFFESOLI, M (1997). Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo contemporáneo. Paidós, Barcelona.        [ Links ]

3.  MOUFFE, Ch (1999). El retorno de lo político. Paidós, Barcelona.        [ Links ]

4. WOLTON, D (2006). Salvemos la comunicación, Aldea Global y cultura. Una defensa de los ideales democráticos y la cohabitación mundial. Gedisa, Barcelona.        [ Links ]

5.  MATTELART, A (1995). La Invención de la Comunicación. Bosch, Barcelona.        [ Links ]

6.  WOLTON, D (2000). Internet ¿y después? Una teoría crítica de los nuevos medios de comunicación. Gedisa, Barcelona, p. 19.        [ Links ] ]]> 1 1995 2 1997 3 1999 4 2006 5 1995 6 2000 19